(1) Anteproyecto de Código de Consumo es un avance pero no termina con cláusulas abusivas de entidades financieras.
(2) Propuesta del Ejecutivo recarga funciones a INDECOPI en lugar de delegar fiscalización de protección al consumidor a otras entidades.
(3) Proyecto de Lescano busca poner fin a los abusos de las AFP.
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06.11.09
"El Nuevo Código de Consumo constituye un gran avance frente a la legislación actual, puesto que por primera vez la defensa del consumidor se eleva a políticas de Estado", indicó Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)
Gremios empresariales le declaran la guerra al Anteproyecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor y hay quienes sugieren que por el contrario dicha norma es insuficiente. La decisión final la tiene el Congreso. Mientras tanto los usuarios seguirán esperando que les reconozcan sus derechos.
Los usuarios podrían tener al fin un instrumento de defensa. El Poder Ejecutivo publicó hace unos días el Anteproyecto del Código de Consumo, un cuerpo normativo destinado a regular los nuevos mecanismos de protección al consumidor en el territorio nacional.
El documento, que consta de 150 artículos, señala, entre sus principales puntos, el derecho del consumidor final a no ser discriminado, y recibir de los proveedores la información necesaria para tomar una decisión sobre la adquisición de un producto o servicio para el uso o consumo adecuado de éstos.
Además, refiere que el proveedor debe consignar en sus listas de precios o en la etiqueta del producto, el precio total del bien o servicio, el cual debe incluir los impuestos, cargos y demás equivalentes; sin poder redondear el precio en perjuicio del consumidor.
En caso que los precios de los bienes o servicios se difundan en moneda extranjera, los mismos se consignarán también en moneda nacional, con la indicación del tipo de cambio aceptado para efectos de pago.
Asimismo, en el capítulo de salud y seguridad, el anteproyecto fija una regulación especial para los productos ofrecidos en el mercado, estableciéndose que los proveedores sean responsables de la inocuidad de los alimentos. Se dispone, además, que cuando un proveedor realice una referencia a la calidad de los alimentos que ofrezca en el mercado, necesariamente deberá estar sustentada en un estándar o en una norma técnica nacional o internacional oficialmente reconocida.
"El Nuevo Código de Consumo constituye un gran avance frente a la legislación actual, puesto que por primera vez la defensa del consumidor se eleva a políticas de Estado", indicó Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), quien manifestó que un Código de Consumo no sólo organiza las disposiciones vigentes en materia legislativa, sino que mejora una estructura desarticulada como era la Ley de protección al consumidor.
A este respecto, el congresista Yohnny Lescano presentó el Proyecto de Ley Nro. 3580/2009-propuesto por Alianza Parlamentaria, una alternativa al anteproyecto, y que, sostuvo, podría ser más eficiente ya que busca robustecer la prevención y eliminación de las conductas abusivas en las relaciones de consumo, algo que el documento del Ejecutivo no contempla. Así, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según las modificaciones que se plantean, no podrían percibir ninguna comisión con cargo a los aportes o remuneraciones de sus afiliados en los períodos en que los fondos de éstos estén en pérdida o su rentabilidad sea negativa.
De otro lado, se prohíbe trasladar a los usuarios los costos de las inversiones para infraestructura de servicios públicos que han sido concesionados a inversionistas privados. "Esta norma evitará que se repitan los abusos del pasado tales como el peaje que se cobró a los usuarios por la falsa Vía Expresa del Callao", sostuvo Lescano.
Críticas
El Anteproyecto de Código de Consumo, sin embargo, no ha sido ajeno a las críticas. Y es que numerosos han sido los cuestionamientos a la iniciativa legal por parte de especialistas, quienes afirman que el nuevo código no aporta nada a la Legislación ya existente sobre protección al consumidor, por el contrario, advierten que de aprobarse la norma, tal como está, generaría una inflación legislativa que provocaría confusiones tanto a los consumidores como al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Para el profesor de ESAN Miguel Martín Mato, el Anteproyecto presenta muchas deficiencias, como artículo confusos, además de no delegar funciones de supervisión de derechos del consumidor a las municipalidades, pues –nuevamente- la fiscalización está en manos de INDECOPI, "organismo que ha demostrado que no puede cumplir con fiscalizar en todo el Perú". Recalcó que el Anteproyecto de Código de Consumo, como está ahora, es muy genérico, no regula temas específicos, por ejemplo, "las balanzas de los comerciantes en los mercados ¿quién las fiscaliza? Nadie. Se dice que las entidades financieras ya no podrán fijar diferentes tasas de interés, que sólo fijaran su interés mediante la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) pero ¿cuál va hacer la tasa? Falta una mayor transparencia y fiscalización en el sector financiero para acabar con los abusos de los bancos hacía el consumidor y, el Código de Consumo no aporta mucho a ello."
De aprobarse el Anteproyecto de Código de Consumo, como se encuentra ahora, los consumidores seguirán desprotegidos pues si bien la iniciativa mejora en algo la protección al consumidor, esta no es suficiente. Así define Martín Mato la iniciativa del Ejecutivo, quien cree que "no hay voluntad política" para elaborar un Código de Consumo que realmente proteja al consumidor en el país.
Rolando Castellares, experto en temas bancarios, también criticó el Anteproyecto. Señaló que el Código del Consumo, lejos de amalgamar toda la legislación vigente de derechos del consumidor ha dejado de lado varias normas importantes como la ley 28587 del sector financiero, lo mismo sucede en Educación, Telefonía, Salud, entre otros sectores, en los que no se incorporaron normas vigentes sobre protección al consumidor. Entonces va estar el Código de Consumo, más las leyes que se dejaron de lado "¿para qué se hiciera el Anteproyecto?, no tiene sentido tener diferentes legislaciones", cuestionó.
Castellares también criticó que en el Anteproyecto se otorgue a las asociaciones de consumidores 40% de las multas, como monto mínimo, que se generen por procedimientos en defensa de los derechos del consumidor. Dijo que dicha iniciativa podría debilitar las funciones del Indecopi, que percibe el porcentaje restante de las multas. "Es cuestionable otorgar tal porcentaje de las multas a las asociaciones de consumidores, el Anteproyecto tiene una orientación punitiva, sancionadora favorable a ciertos interés económicos. Esta propuesta se tiene que eliminar, organizaciones como ASPEC deben tener recursos dados por el Estado, pero no así mediante la proliferación de las multas", recalcó.
Gremios empresariales en contra
Los gremios empresariales le declaran la guerra a este y a cualquier código de consumo, uno de los más críticos es la Cámara de Comercio de Lima (CCL), institución que califica al Código de Consumo como "conflictiva y excesivamente proteccionista" inclusive del consumidor irresponsable y del moroso. Para la CCL, el proyecto, como esta planteado, colisiona con diversas disposiciones del Código Civil. Además, advierte lesiona la estabilidad contractual en perjuicio del proveedor y elevan sus costos. "El Código propuesto hace una distinción entre los usuarios del sistema financiero y "el resto" de consumidores, previendo para los primeros una primera instancia constituida por las propias entidades financieras, a diferencia de los demás consumidores, cuyos proveedores estarían sujetos al procedimiento administrativo sancionador", advierte.
Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que preside Ricardo Briceño, el Anteproyecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor va la contra la Constitución y no le reconocen ningún aspecto positivo, por el contrario advierte o amenaza: "Tal como está redactado este proyecto, por sobreproteger al consumidor va a terminar perjudicándolo", dijo al indicar que las empresas tomarían acciones para prevenir que todas estas restricciones les generen pérdidas.
En ese sentido, el presidente de ASPEC, Jaime Delgado, rechazó las criticas del sector empresarial, y aclaró que el artículo 53 del Anteproyecto, que otorga facultades al regulador para que fije un "precio justo" en el mercado, siempre que existiera un monopolio privado en el sector -transporte, electricidad, agua y telefonía, y que fuera calificado como "estatista" por gremios empresariales y especialistas, hace referencia sólo a los servicios regulados, donde no hay competencia. "Es absolutamente injusto que se califique de estatista esta medida. Se refiere a servicios regulados. Se refiere a servicios donde no existe competencia. El Estado fija el precio con el ente regulado", indicó.
Por su parte, La ex ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien participó de la comisión encargada de elaborar el Anteproyecto defendió la iniciativa legal, desmintió que el Código de Consumo se haya elaborado en poco más de 60 días, como cuestiona la Cámara de Comercio de Lima.
"El Código de Consumo es una iniciativa del Colegio de Abogados que empezó a elaborarlo en mayo, después tras el anuncio presidencial se formó la comisión y se acoplaron otros especialistas. En realidad la preparación de la norma duro seis meses, de mayo a octubre, alrededor de 200 horas de trabajo. No es como dicen que se elaboró de la noche a la mañana", subrayó.
